Elección frustrada del Defensor del Pueblo

Una  vez más el Congreso no permite la elección del Defensor de Pueblo, artífice importante dentro de un sistema democrático, que canaliza y pone en evidencia las arbitrariedades que pudiera cometer el Ejecutivo contra los ciudadanos. 

En un régimen democrático, la Defensoría del Pueblo  constituye parte de los pesos y contrapesos en la primacía de los poderes políticos y forma parte del accountability horizontal de una poliarquía (democracia política), tales como la contraloría o fiscalía. Este control establece la existencia de agencias estatales que tienen autoridad legal y están fácticamente dispuestas y capacitadas para emprender acciones contra actos u omisiones de otros  a agencias del Estado[1].

Desde hace 5 años  el Congreso no se pone de acuerdo para elegir al Defensor del Pueblo; el que ejerce actualmente el cargo, el Sr. Eduardo Luna Vega, lo viene haciendo de manera interina. Esta desidia es una pauta de lo que significa para la clase política la importancia de esta nominación, toda vez que muchas veces es un personaje incómodo para los poderes del Estado. En una sociedad como la nuestra donde existe frecuentes transgresiones sustentadas en el poder político, en las influencias y la arbitrariedad, es necesario que exista este cargo en forma oficial que vele la buena administración pública en favor de los ciudadanos

Como lo menciona la página Web de La Defensoría del Pueblo, “es  un colaborador crítico del Estado que actúa, con autonomía, respecto de cualquier poder público o privado, en nombre del bien común y en defensa de los derechos de la ciudadanía. En razón de ello, ejerce su mandato con objetividad, profesionalismo y responsabilidad, nunca por oposición arbitraria o injustificada frente al Estado”[2].

De acuerdo a la Constitución el Congreso tiene la obligación de elegir al Defensor del Pueblo con el voto de los dos tercios de su número legal. Lo que habría que  preguntarse es que si esta situación es una incapacidad del Congreso, una falta de interés del mismo o un simple cálculo político, como suele suceder.

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[1][1][1] O´DONELL Guillermo. Accountability Horizontal. Revista Agora No 8 del Kellogg Institute for International Studies University of Notre Dame.

[2] www.defensoria.gob.pe

¿Por qué 19 partidos?

Algunos ciudadanos se hacen esta pregunta ¿Por qué se presentaron 19 partidos políticos para concursar a la Presidencia?

¿Por qué tantos partidos?

Creo que puede haber varias respuestas al respecto. La primera que se me viene a la mente es que tenemos una sociedad compuesta por varias sociedades, aún estamos muy lejos de ser sociedad integrada, los intereses en cada una de estas sociedades difiere mucho de quienes vivimos en Lima. Y así mismo entre un poblador aimara con un costeño, de un habitante de la selva con un puneño; muchas veces sus preferencias y decisiones las vemos como una locura, cuando en realidad detrás de ellas existe una decisiva racionalidad.

Muchos autores califican a nuestra sociedad como fragmentada, anómica, sin una vocación integradora, toda vez que subsiste el racismo, la marginación y la exclusión. Vamos a tener 200 años de creación como República y no hemos logrado lo que los fundadores de la misma pregonaban: “firme y feliz por la unión”, habida cuenta que todo proyecto liberal nunca llego a concretarse.

De estos segmentos de nuestra sociedad peruana es que surgen líderes que creen encarnar y supuestamente representar los intereses y demandas de esa población  caracterizada por problemas que le agobian, como la contaminación ambiental,  depredación de sus recursos naturales, extrema pobreza y otros más.

Otra de la causas de la proliferación de partidos es que muchos ciudadanos estiman que las posibilidades de alcanzar el poder no es inimaginable y la experiencia así lo demuestra. Han alcanzado la primera magistratura en nuestro país personas que no eran políticos profesionales, que no tenían partido político ni un ideario político, sino que de la noche a la mañana se lanzaron en la aventura política y lo lograron, motivando que otros traten de seguir sus pasos, como hemos podido observar en las 19 organizaciones políticas que pretendían llegar al gobierno.

Una tercera respuesta, considero que es la lenidad con que se aplica la Ley de Partidos Políticos, llamada ahora Ley de Organizaciones Políticas, muchos de sus artículos no se fiscalizan adecuadamente, como muestra se puede señalar el requisito que los partidos políticos a nivel nacional deben contar con comités partidarios en un número que alcance por los menos en un tercio de las provincias, es decir alrededor de 60 locales. ¿Existen estos locales? Y sobre todo los miembros partidarios?

Como muchas leyes en nuestro país, ésta no se cumple cabalmente y ello trae como consecuencia que muchos que tienen los recursos económicos puedan crear “partidos políticos”, que como es de conocimiento general son manejados por lo general en forma caudillesca (no hay democracia interna, pese a que así lo señala la Ley respectiva) y personalista (los líderes son “propietarios” del partido.

Estos partidos son cascarones que no tienen el contenido  de lo que debiera ser una organización política, no tienen base ideológica ni  estructura partidaria, algunos actúan como “franquicias” y sirven más que nada de plataforma electoral que es de carácter eventual para las elecciones.

Estamos muy lejos todavía de tener buenas normas que regulen las organizaciones políticas, pese a que el Congreso, próximo a terminar su gestión, promulgó una modificación a la Ley de Partidos en diciembre último.

¿Descentralización o Figuretismo?

¿DESCENTRALIZACIÓN O FIGURETISMO?

Hace pocos días los medios de comunicación anunciaban que el Presidente del Congreso Luis  Ibérico había promulgado una Ley en la ciudad de Chiclayo, en la que se declara de necesidad pública la construcción de un nuevo Mercado Modelo; la ley  establece que serán expropiados 36 propietarios que ocupan puestos en dicho mercado.

Dicho acto  se llevó a cabo con gran algarabía y fanfarria en la Municipalidad de Chiclayo, con la presencia del Alcalde David Cornejo, congresistas representantes por Lambayeque y autoridades de la localidad.

Me llamó la atención la noticia por varias razones. Qué hace un Presidente del Congreso promulgando una nueva ley para la construcción de un Mercado (¿?) en Chiclayo, con el respeto que se merecen los lambayecanos. La respuesta que no explican los medios es que cuando hay expropiaciones de por medio, es el Congreso quien declara la necesidad pública mediante una Ley.

Pareciera que en ese tema no ha avanzado el proceso de descentralización, tanto para las expropiaciones como para disponer de los fondos necesarios para la construcción de un mercado.

Sigue la fuerte dependencia de los gobiernos locales y regionales del gobierno central, tan así que Ibérico manifestó que él había  firmado la ley, pero era el Ejecutivo quien tendría que promulgarla y posteriormente sería el MEF quien transfiera 250 millones de soles para la construcción del mercado.

Ahora bien, hay otras atingencias que no se mencionan  frente a la exitosa noticia. Este problema viene del año 2010, cuando Defensa Civil declaró que dicha instalación no gozaba de seguridad por su deficiente estructura, de ahí en adelante se inicia un peregrinaje burocrático hacia el Congreso. La Comisión de Vivienda y Construcción del mismo aprobó el Proyecto de Ley del tema en cuestión el 10 Abril 2013 para llevarla al pleno; entre idas y venidas el pleno del Congreso lo aprobó el 19 Abril 2016. Si ya fue aprobado a razón de qué toda la parafernalia. Después de un trámite de seis años burocráticos, Ibérico recibe las llaves  de la ciudad, los congresistas por Lambayeque la Medalla Cívica, y sin embargo el Ejecutivo aún no promulga la Ley, que tiene que publicarse en El Peruano; los que serán expropiados tiene un plazo de dos años para recibir el justiprecio y los recursos para la construcción del mercado tendrán que tramitarse ante el MEF como crédito suplementario.

Que poco hemos avanzado en el proceso de descentralización y que poca voluntad hay para hacerlo.